Bancarrota y Procedimiento Contencioso Estudiantil

Sí tiene que existir un caso de bancarrota, porque el reclamo del préstamo es una demanda que se presenta dentro de él. El momento, en cambio, es más flexible de lo que la gente cree. El reclamo puede plantearse con el caso abierto, antes de la descarga, o después de cerrado el caso pidiéndole al tribunal que lo reabra; para ese fin el tribunal no cobra cuota de reapertura ni cuota de presentación de la demanda cuando es el propio deudor quien la presenta. Cuál momento conviene es un criterio que su abogado debe definir con usted: presentarla con el caso abierto mantiene frescas sus cifras juradas de ingresos y gastos para la revisión del gobierno, mientras que esperar hasta después de la descarga hace que el juez vea el presupuesto que a usted le queda cuando sus otras deudas ya desaparecieron.

Importa más que casi cualquier otra cosa. Los préstamos en manos del Departamento de Educación pasan por la revisión federal estructurada que se describe arriba, con Estados Unidos como contraparte. Los préstamos en manos de una entidad comercial o de una institución educativa siguen otro camino y con otra contraparte, y hasta qué punto esos titulares aplican una revisión comparable es algo que el bufete confirma caso por caso en lugar de darlo por hecho. Los préstamos privados plantean antes otra pregunta: la ley federal solo protege de la cancelación a los préstamos educativos que cumplen una definición específica, así que un préstamo privado desembolsado por encima del costo de asistencia publicado por la institución, o que la institución nunca certificó, puede quedar fuera de esa protección y cancelarse sin demostrar dificultad excesiva. Ese suele ser un argumento más fuerte, y por eso conviene llevar sus pagarés a la primera reunión.

Por sí solo no, y una parte está tratada de forma expresa. La guía escrita del gobierno señala que dejar de pagar durante la pausa de pagos de la época de la pandemia, aproximadamente de marzo de 2020 a diciembre de 2022, no es prueba de mala fe. La interrupción posterior, con el cierre gradual de un plan de pago importante y retrasos largos en el trámite de solicitudes, no está tratada por escrito de la misma manera. Extender ese razonamiento al periodo más reciente es un argumento que su abogado tendría que sostener en el expediente, no una regla ya definida, y conviene desconfiar de quien se lo presente como algo resuelto. También ayuda saber que no haberse inscrito en un plan según ingresos no se toma por sí solo como mala fe cuando hubo una razón sensata detrás.